Costas y Honorarios · Derecho Laboral · Jurisprudencia
Art. 730 CCyC en juicios laborales: la Cámara lo aplica porque el recorte de honorarios no supera un tercio
La Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Laboral de Posadas resolvió el 5 de noviembre de 2026, por mayoría, que el tope del 25% de responsabilidad por costas (art. 730 del Código Civil y Comercial y último párrafo del art. 277 de la LCT) puede aplicarse en un juicio laboral aunque el trabajador esté exento de costas. La mayoría fijó un criterio numérico: la norma resulta irrazonable recién cuando el abogado pierde más de un tercio de sus honorarios. En el caso la pérdida fue del 14,97%.
Lo que se discutía
La jueza de primera instancia había aprobado la liquidación de costas con el tope del 25% y rechazado la inconstitucionalidad del art. 730. Los abogados del trabajador apelaron. Sostenían que la ley arancelaria provincial (Ley XII N.° 33) es de orden público, que el tope les hacía perder el 30% o más de sus honorarios y que no podían cobrar el saldo a su cliente: no había pacto de cuota litis y el trabajador goza de gratuidad (art. 36 de la Constitución Provincial y art. 20 del Código Procesal Laboral).
La demandada respondió que la reducción real rondaba el 15%, que pagó el 100% de los honorarios de segunda instancia y la tasa de justicia fuera del tope, y que el art. 730 limita la responsabilidad del condenado en costas, no el monto de los honorarios. El Fiscal de Cámara dictaminó a favor de declarar la inconstitucionalidad para este caso.
Los honorarios de los abogados de la actora en primera instancia equivalían al 29,4% de la base arancelaria. Con el tope quedaban en el 25%: 4,4 puntos menos, que sobre el monto regulado implican una reducción del 14,97%.
Cómo votó la Sala
- Primer voto (admitía el recurso): declaraba la inconstitucionalidad de ambas normas para este caso. El argumento central era que el trabajador solo paga costas si mejora de fortuna, de modo que el abogado no puede cobrarle el excedente, y la doctrina de la Corte en "Villalba" y "Latino" se apoya justamente en esa posibilidad. Agregaba que no constaba pacto de cuota litis y que la norma no había logrado reducir la litigiosidad, sino abaratar el incumplimiento.
- Segundo voto (rechazaba el recurso): confirmaba la resolución apelada. Es el voto que fijó la regla del tercio.
- Voto dirimente: el presidente subrogante de la Cámara Civil, Comercial, de Familia y Fiscal Tributaria adhirió al segundo voto, y con eso se formó la mayoría.
La regla del tercio
El segundo voto recuerda que la Corte Suprema validó el tope en "Abdurraman", "Villalba" y "Latino", y que repitió el criterio en 2026 ("García", "Lencina" y "Garro"). Admite que la declaración de inconstitucionalidad sigue siendo posible si el abogado demuestra una lesión grave de su derecho de propiedad y a una retribución justa. Para medir esa lesión toma la pauta de "Vizzoti" (Fallos 327:3677), donde la Corte consideró irrazonable reducir un derecho en más del 33%.
Con una pérdida del 14,97%, la norma no resultó inconstitucional en el caso concreto.
Dos puntos que la mayoría reconoció o descartó
- La gratuidad pesa, pero no decide: el segundo voto admite que, por el art. 20 del Código Procesal Laboral, la posibilidad de cobrar el excedente al trabajador es prácticamente nula, y que "Latino" no es trasladable porque el régimen nacional de litigar sin gastos obliga al beneficiario a pagar hasta un tercio de lo que recibe. Aun así, entendió que eso no alcanza si el recorte no supera el tercio.
- Competencia provincial: descartó que la norma nacional sea inconstitucional por invadir facultades locales sobre honorarios y procedimiento. Recuerda que la Corte avaló en otros casos reglas procesales dictadas por el Congreso para asegurar la eficacia de instituciones del derecho de fondo.
Qué resolvió
La Sala rechazó la apelación, confirmó la resolución recurrida e impuso las costas de segunda instancia por su orden. La tasa de justicia, que la demandada había pagado por fuera del tope, se tuvo por bien abonada y no requirió pronunciamiento.
Para quien litiga, el resultado práctico es doble. Quien reclama honorarios de la parte trabajadora y quiere plantear la inconstitucionalidad del art. 730 tiene que calcular, honorario por honorario, cuánto le quita el prorrateo: según esta mayoría, por debajo de un tercio el planteo no prospera. Quien paga las costas puede aplicar el tope y prorratear entre todos los beneficiarios sin que la gratuidad del trabajador lo impida. Es una decisión de Sala dividida y sobre un caso concreto, que se aparta del criterio de precedentes anteriores de la misma Sala.
¿Le liquidaron costas con el tope del art. 730 en un juicio laboral?
Calcular cuánto reduce el prorrateo cada regulación, y si ese recorte supera el tercio, define si un planteo de inconstitucionalidad tiene posibilidades. Consulte con el estudio antes de apelar o de pagar.
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